El COVID-19 ha intensificado enormemente la ya terrible situación que existe dentro de las prisiones de los Estados Unidos. Hablando en general, hay 2.3 millones de presxs en los Estados Unidos, 42,000 de lxs cuales son inmigrantes que están en centros de detención esperando saber si pueden permanecer legalmente en el país. 555.000 presxs que actualmente están en los Estados Unidos están en prisión preventiva, lo que significa que no han sido condenadxs por un crimen, pero carecen de los recursos económicos para pagar su fianza. La pobreza es un delito y las prisiones son rentables.

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En Estados Unidos, ahora el epicentro del brote de coronavirus, la situación dentro de las prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes es grave y es probable que empeore mucho más. A principios de marzo, las prisiones y cárceles comenzaron a tomar medidas represivas usando el COVID-19 como justificación, cortando las horas de visita y comunicación de la población encarcelada. No se ha permitido a lxs presxs recibir visitas del exterior, por temor a que un visitante pueda infectar a un presx, pero los funcionarios y las autoridades de la prisión han sido libres de entrar y salir de las prisiones sin preocupación.

La información sobre casos positivos de COVID-19 comenzó a salir de los muros de la prisión a principios de marzo, sobre todo de los funcionarios y las autoridades que dieron positivo a COVID-19. La falta de atención médica para lxs reclusxs, una realidad que ya existía antes del brote de coronavirus, sólo se ha agravado ahora, ya que lxs reclusxs carecen de la infraestructura y los suministros básicos para evitar la propagación del virus. Lxs presxs que se quejan de enfermedades, en lugar de ser examinadxs, a menudo han sido puestxs en aislamiento, en celdas de castigo. Como consecuencia de ello, lxs presxs, cuando se sienten enfermxs, se han negado a decírselo a las autoridades por miedo a ser puestos en aislamiento. COVID-19 ha provocado una seria resistencia al complejo industrial de la prisión, tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. Lxs presxs han organizado huelgas de hambre y paros laborales, exigiendo suministros de limpieza personal, el fin de la restricción de sus comunicaciones, atención a los problemas de superpoblación y, en muchos casos, su libertad. En el exterior, lxs solidarixs han organizado llamadas telefónicas masivas (phone zaps), campañas de escritura de cartas y concentraciones de móviles frente a las casas de los políticos. También han trabajado constantemente en comunicación con lxs compxs encarceladxs para difundir información de lo que ocurre dentro de los muros de las prisiones.

No hay ningún plan del Estado para hacer frente a la creciente crisis. La respuesta, más que cualquier otra, ha sido más represión y más crueldad dentro de los muros de la prisión. Debido a la presión de los grupos de solidaridad, en algunos casos, y en números muy pequeños, lxs presxs han sido liberadxs. Las liberaciones son a menudo temporales y están condicionadas por otras formas de vigilancia y control en el exterior. Las condiciones sanitarias en las prisiones siguen siendo totalmente inadecuadas, y los casos de presxs infectadxs, lxs muy pocos que se someten a pruebas y se notifican, van en aumento. COVID-19 ha puesto de relieve algo que muchxs de nosotrxs ya sabíamos: todos lxs presxs deben ser liberadxs. Las prisiones deben ser destruidas. Somos nosotrxs, no el Estado, lxs que debemos cumplir con esa tarea.

 

ENGLISH: The novel COVID-19 has greatly enhanced the already dire situation that exists inside the prisons of the United States.

Speaking generally, there are 2.3 million prisoners in the United States, 42,000 of which are migrants being held in detention centers awaiting to hear whether they can legally stay in the country. 555,000 prisons currently held in the United States are pre-trial, meaning they haven’t been convicted of a crime, but lack the financial resources to pay their bail. Poverty is a crime and prisons are profitable. In United States, now the epicenter of the coronavirus outbreak, the situation inside the prisons, jails and immigrant detention centers is grave and likely to get much worse. In early March, prisons and jails began to take repressive measures using the coronavirus as justification, cutting off visiting hours and communication for the imprisoned population.

Prisoners haven’t been allowed visitors from the outside, in the fear that a visitor might infect a prisoner, yet prison guards and prison authorities have been free to enter and exit the prisons without concern. Information of positive cases of COVID-19 began to trickle out of the prison walls in the beginning of March, mostly of prison guards and authorities testing positive for COVID-19. The lack of medical attention for prisoners, a reality already present before the coronavirus outbreak, has only been exacerbated now, with prisoners lacking the basic infrastructure and supplies to ward off the spread of the virus. Prisoners complaining of illness, rather than being tested, have often been put into isolation, in punishment cells. In consequence of this, prisoners, when feeling ill, have refused to tell authorities out of fear that they will be put into isolation. COVID-19 has sparked serious resistance to the prison industrial complex, both inside and outside prison walls. Prisoners have organized hunger strikes and work stoppages, demanding personal cleaning supplies, an end to the restriction on their communication, attention to the issues of overpopulation, and in many instances their freedom. On the outside, those in solidarity have organized phone zaps, letter-writing campaigns and mobile concentrations in front of the houses of politicians.

They have also worked constantly in communication with imprisoned compas to release information of what is happening inside prison walls. There is no plan from the state to address the mounting crisis. The response, more than any other, has been more repression and more cruelty inside prison walls. Due to pressure from solidarity groups, in some instances, and in very small numbers, prisoners have been released. The releases are often temporary, and conditioned by other forms of surveillance and control on the outside. Sanitary conditions in the prisons remain entirely inadequate, and the cases of infected prisoners, the very few that are tested and being reported, are on the rise. COVID-19 has further brought into focus something many of us already knew: all prisoners must be freed. Prisoners must be destroyed. It is us, not the state, that must fulfill such a task.

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